Según la Defensoría General porteña, los inmigrantes senegaleses representan el 57% de los casos de violencia institucional contra comunidades extranjeras.
Ibra tiene 33 años, mide alrededor de un metro noventa y su estado físico es el de un runner profesional. Llegó al país, como tantos otros senegaleses, con la promesa de una calidad de vida al menos un tanto mejor que la de su lugar de origen. Su única alternativa por el momento es la venta callejera. Sus pares le avisaron de los “funcionarios de espacio público” y su constante hostigamiento. Con el tiempo desarrollaron códigos para amenizar el trabajo; por ejemplo, si un colega vocea "Espacio, Espacio”, lo mejor es levantar campamento.
Lo que no le avisaron, lo que no pudo haber previsto, es que una mañana iba a llegar con su mercadería al barrio de Once para encontrarlo totalmente militarizado, con al menos una centena de efectivos policiales junto a los inspectores.
Ibra decide quedarse para hacerle el aguante a sus compañeros, pero al ver que los ánimos se caldean, se pone a correr. Un policía, al no poder interceptarlo, lo empuja y hace que su cabeza impacte de lleno contra un poste de luz. Ibra se desploma y no se vuelve a parar.
El efectivo le comunica al personal del SAME, recién llegados, que Ibra “se golpeó solo”. Sus colegas aseguran que le está faltando a la verdad, pero nada de eso cambia que Ibra sea arrastrado a la camioneta, sin camilla ni cuello ortopédico, mientras que los Inspectores de Espacio Público de la Ciudad confiscan su mercadería.
Este hecho está lejos de ser aislado. Una simple búsqueda en internet revela una cantidad considerable de registros de casos similares: comerciantes de origen senegalés siendo reducidos, tacleados, golpeados y heridos por policías; los transeúntes poniéndose de su lado, generalmente al grito de “no está haciendo nada”; y agentes de espacio público insultando y agrediendo a los que se atreven a filmar o sacar fotos.
En el 2018 el Ministerio Público de Defensa desarrolló un estudio, entre marzo y diciembre, en el que se registraron las imputaciones de 623 detenidos que fueron víctimas de violencia institucional, seleccionados mediante una encuesta. El informe revela una política sistemática de detenciones por parte de la Policía de la Ciudad. “Las personas que han manifestado haber sufrido hechos de violencia institucional fueron, a la vez, imputados de delitos penales o contravenciones” indica el informe, y precisa que de ese total, 527 fueron imputadas por delitos y 95 por contravenciones.
En el 2018 el Ministerio Público de Defensa desarrolló un estudio, entre marzo y diciembre, en el que se registraron las imputaciones de 623 detenidos que fueron víctimas de violencia institucional, seleccionados mediante una encuesta. El informe revela una política sistemática de detenciones por parte de la Policía de la Ciudad. “Las personas que han manifestado haber sufrido hechos de violencia institucional fueron, a la vez, imputados de delitos penales o contravenciones” indica el informe, y precisa que de ese total, 527 fueron imputadas por delitos y 95 por contravenciones.
La mayor parte de los imputados por delitos se deben a atentado y resistencia contra la autoridad. “Se trata de un delito contra la propia Policía y en el que la prueba de la acusación es la propia fuerza”, expone el defensor general adjunto del Ministerio Público de la Defensa porteño, Luis Duacastella. La utilización de esa figura penal para justificar el uso abusivo de la fuerza es una constante desde la creación de la Policía de la Ciudad, siendo más frecuentes los casos desde el 2017 en adelante.
Con respecto a los imputados de contravención, el 77,9% se trata de Uso del Espacio Público y, entre ellos, la mayor cantidad de casos refiere al artículo que tipifica las actividades lucrativas sin autorización en la vía pública. El patrón queda claro: la mayoría de las víctimas de violencia institucional por parte de la policía de la ciudad y sectores de la policía federal que operan en capital, son comerciantes ambulantes.
Con respecto a los imputados de contravención, el 77,9% se trata de Uso del Espacio Público y, entre ellos, la mayor cantidad de casos refiere al artículo que tipifica las actividades lucrativas sin autorización en la vía pública. El patrón queda claro: la mayoría de las víctimas de violencia institucional por parte de la policía de la ciudad y sectores de la policía federal que operan en capital, son comerciantes ambulantes.
Se registraron 10 casos en los que a las víctimas se les imputaron tanto contravenciones como delitos. En esos casos, además del artículo que apunta contra la venta en vía pública se sumó el delito por la ley de marcas, que impide la venta de productos falsificados (un modo más de criminalizar a los vendedores ambulantes).
Pero esa política del espacio público tiene en su aplicación un perfilamiento racial y social para el accionar policial, cuestión que queda clara cuando se considera que los casos de violencia institucional sobre la comunidad senegalesa representan el 57,5% de los casos de víctimas extranjeras.
“El caso de los ciudadanos senegalesas se transforma en un círculo vicioso porque su criminalización en el espacio público hace que no puedan obtener la documentación que les permite acceder a trabajos formales” expresó Duacastella, haciendo referencia a un informe presentado por el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de la ONU, que estuvo en Argentina por invitación oficial entre el 11 y el 18 de marzo de 2019 y, tras reunirse con representantes de organizaciones afroargentinas, con funcionarios nacionales, provinciales y diversas organizaciones sociales y académicas en Buenos Aires, Santiago del Estero y Santa Fé, y evaluar la situación de los derechos humanos de dicho grupo étnico, reveló información “sobre discriminación racial, racismo, afrofobia y formas conexas de intolerancia”.
“La sociedad civil informó que las fuerzas de seguridad discriminan por perfilamiento racial a los afroargentinos. Los estereotipos negativos de los afrodescendientes los identifican como delincuentes peligrosos y violentos, narcotraficantes y trabajadores/as sexuales, todo lo cual contribuye a un control policial excesivo”.
También se expresaron sobre el problema particular de los vendedores ambulantes, postulando que “después de su arresto y detención sin orden judicial, son liberados por el fiscal o el juez. Esta práctica se repite como una herramienta de acoso sin ninguna necesidad de rendir cuentas”.
En la Argentina los senegaleses no cuentan hoy con herramientas para regularizar su situación migratoria. Se ven obligados a realizar actividades de subsistencia por las que son criminalizados, y la persecución policial les termina generando causas penales que luego les impiden obtener la condición de refugiados.
En lo que a una solución factible respecta, la amnistía otorgada en 2013 a los/as migrantes indocumentados resultó favorable en su momento. Por lo pronto no se deben dejar de tener en cuenta los trabajos de organizaciones como Djambari Buenos Aires, que se apropian de la misión de visibilizar esta problemática, a pesar de los aprietes y las amenazas que ha recibido su fundador, Federico Muiña, en varias oportunidades.
Pero esa política del espacio público tiene en su aplicación un perfilamiento racial y social para el accionar policial, cuestión que queda clara cuando se considera que los casos de violencia institucional sobre la comunidad senegalesa representan el 57,5% de los casos de víctimas extranjeras.
“El caso de los ciudadanos senegalesas se transforma en un círculo vicioso porque su criminalización en el espacio público hace que no puedan obtener la documentación que les permite acceder a trabajos formales” expresó Duacastella, haciendo referencia a un informe presentado por el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de la ONU, que estuvo en Argentina por invitación oficial entre el 11 y el 18 de marzo de 2019 y, tras reunirse con representantes de organizaciones afroargentinas, con funcionarios nacionales, provinciales y diversas organizaciones sociales y académicas en Buenos Aires, Santiago del Estero y Santa Fé, y evaluar la situación de los derechos humanos de dicho grupo étnico, reveló información “sobre discriminación racial, racismo, afrofobia y formas conexas de intolerancia”.
“La sociedad civil informó que las fuerzas de seguridad discriminan por perfilamiento racial a los afroargentinos. Los estereotipos negativos de los afrodescendientes los identifican como delincuentes peligrosos y violentos, narcotraficantes y trabajadores/as sexuales, todo lo cual contribuye a un control policial excesivo”.
También se expresaron sobre el problema particular de los vendedores ambulantes, postulando que “después de su arresto y detención sin orden judicial, son liberados por el fiscal o el juez. Esta práctica se repite como una herramienta de acoso sin ninguna necesidad de rendir cuentas”.
En la Argentina los senegaleses no cuentan hoy con herramientas para regularizar su situación migratoria. Se ven obligados a realizar actividades de subsistencia por las que son criminalizados, y la persecución policial les termina generando causas penales que luego les impiden obtener la condición de refugiados.
En lo que a una solución factible respecta, la amnistía otorgada en 2013 a los/as migrantes indocumentados resultó favorable en su momento. Por lo pronto no se deben dejar de tener en cuenta los trabajos de organizaciones como Djambari Buenos Aires, que se apropian de la misión de visibilizar esta problemática, a pesar de los aprietes y las amenazas que ha recibido su fundador, Federico Muiña, en varias oportunidades.
Fuentes:
● http://cosecharoja.org/asi-reprime-la-policia-de-la-ciudad/
● http://cosecharoja.org/asi-reprime-la-policia-de-la-ciudad/
● https://www.pagina12.com.ar/181992-la-xenofobia-de-las-fuerz
as-de-seguridad
● https://www.pagina12.com.ar/246073-un-fotografo-fue-demora
do-por-grabar-atropellos-contra-los-m
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